Aquí tienes un resumen detallado de los derechos de un arrendador en Barcelona.
• El arrendador tiene derecho a recibir la renta pactada en tiempo y forma, así como a solicitar una fianza que garantice el cumplimiento del contrato y el buen uso de la vivienda.
• El arrendador también tiene derecho a subir el alquiler por obras de mejora que realice en el inmueble, siempre que cumpla con los requisitos legales y notifique al arrendatario con antelación.
• El arrendador puede recuperar la vivienda en caso de necesitarla para sí mismo o para sus familiares en primer grado, siempre que haya transcurrido al menos un año desde la firma del contrato y lo comunique al arrendatario con dos meses de antelación.
• El arrendador puede desahuciar al arrendatario en caso de impago de la renta o de cualquier otra cantidad debida, así como por incumplimiento de otras obligaciones contractuales.
• El arrendador puede reclamar una compensación por la finalización del contrato antes de tiempo por parte del arrendatario, equivalente a una mensualidad de renta por cada año que reste por cumplir, salvo que se pacte otra cosa.
• El arrendador puede solicitar un aval bancario para el alquiler de la vivienda, como garantía adicional a la fianza, siempre que no supere el importe de dos mensualidades de renta.
• El arrendador puede desgravarse parte de la renta que percibe por el alquiler de la vivienda, siempre que cumpla con los requisitos fiscales establecidos.
La información que te he mostrado es según la nueva ley de arrendamientos urbanos en Barcelona, que entró en vigor el pasado 23 de septiembre de 2021. Esta ley regula las rentas de los contratos de vivienda que sean residencia permanente del arrendatario y que estén situadas en un área declarada con mercado de vivienda tenso. La ley tiene como objetivo evitar las subidas abusivas que se han producido en los últimos años y poner unos topes máximos basados en el índice de referencia de precios del alquiler. La ley también contempla que el gasto familiar en vivienda no supere el 30%y fija infracciones leves y graves, con multas que van de los 3.000 a los 90.000 euros.